El estudio “Minando Derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía“, realizado por el World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), reveló que la minería afecta al 31% de los territorios indígenas de la región amazónica, con una superposición de unos 450 mil kilómetros cuadrados entre territorios indígenas, concesiones mineras y minería ilegal. De ese total, unos 143 mil kilómetros cuadrados corresponden a concesiones activas y áreas de minería ilegal, de los que “gran parte” se encuentran en Venezuela, seguido de Brasil y Colombia.
En total, la minería ilegal ha invadido 370 territorios pertenecientes a comunidades indígenas de la Amazonía en seis de los 9 países que ocupa la región en los que se enfocó el reporte (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). La cifra aumenta hasta los 1.131 territorios indígenas afectados al sumar las concesiones entregadas por los gobiernos.
Los pueblos indígenas mantienen el mejor índice mundial de conservación de territorio y biodiversidad a pesar de la deforestación que viene aparejada con la explotación minera, tanto la legal como la ilegal.
El reporte refiere que en Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en los territorios indígenas con presencia de minería, en comparación con aquellos que están libres de actividades mineras. En Colombia y Venezuela las cifras de pérdida de bosque supera hasta en dos veces la deforestación de los territorios libres de minería.
La investigación conjunta de WRI y la RAISG concluye que “la protección de las tierras indígenas, incluido el desarrollo sostenible y los beneficios ambientales que generan, requerirá un cambio radical en los enfoques de la minería por parte de los gobiernos y las empresas”. En este sentido, se apunta que los países amazónicos “deben fortalecer los derechos sobre la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas”, así como “establecer y hacer cumplir salvaguardias sociales y ambientales alineadas con los estándares internacionales; monitorear de manera más consistente las operaciones mineras en las tierras indígenas; e intensificar los esfuerzos para identificar y enjuiciar a quienes facilitan las prácticas mineras ilegales”.
Provita y el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia Wataniba son los miembros venezolanos de la RAISG.
